Buscan por ley otorgar "protección a testigos" que declaren contra la empresa en juicios laborales

Una nueva iniciativa, impulsada por el diputado Héctor Recalde, ya genera preocupación entre los empresarios. Apunta a evitar los despidos de empleados que tuvieron que brindar testimonio en el marco de litigios contra compañías. ¿Cómo se determinará la indemnización agravada en estos casos?

Publicado Jueves 16 de Junio de 2011 en Abogados

A la hora de despedir a un empleado, las empresas son conscientes de que esta decisiónconlleva el pago de una indemnización. Pero lo que no siempre saben es si ese monto será el definitivo o si, como resultado de un juicio laboral, tendrán que abonar un importe significativamente mayor. Esto es así dado que, además de tener que desembolsar el resarcimiento por antigüedad que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y otrosrubros que fija dicha norma -tales como preaviso, aguinaldo proporcional y vacaciones no gozadas- la Justicia podríaconsiderar que correspondeaplicar multaso, dependiendo del caso,dar lugar a una reparaciónagravada, encareciendo el despido. Este último criterio, por ejemplo, se aplica cuando una compañíarompe el vínculo laboral conuna empleada durante el período de protección legal por embarazo-maternidad. Situaciones como estas generan incertidumbre entre los hombres de negocios, quienes ven cómo los magistrados avalan los reclamos de los trabajadores a un punto tal que, en algunos casos, hasta pueden llegar aresponsabilizarlos solidariamenteante determinadas circunstancias. Así las cosas, mientras las causas laborales se multiplican día tras día en los tribunales,un nuevo proyecto de ley ahora les sumamás dudasy preocupación. Se trata de una iniciativa que apunta aproteger a los empleadosque fueron testigos,en el marco de un juicio laboral contra la compañía que los contrató, en tanto hayan sidodespedidos dentro del añode haber formulado su declaración. A tal efecto, la propuesta -que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y avanza al recinto para su debate- establece que dichos dependientes cobrarán unresarcimiento agravado, equivalente a 13 sueldos, bajo la presunción de que la desvinculación fue producto del testimonio brindado ante la Justicia. De convertirse en ley el proyecto, impulsado por el diputado oficialista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, las empresas veránincrementados sus costos laboralestras la implementación del mecanismo de"protección a testigos". Pero no sólo en estos casos. Los expertos consultados poriProfesional.comadvirtieron que las firmas, además, correrían el riesgo de verse expuestas afuturos juicios bajo el argumento de un despido discriminatorio.

Es decir, podría sucederaun cuando la causal de la desvinculación fuera otra, en la medida que la cesantía tuviera lugardurante el mencionado lapsoy el empleador no pudiera aportarpruebas suficientes para desestimarlos argumentos del reclamante. Las claves del proyecto La iniciativapresume, salvo prueba en contrario, que el despido de empleados que actuaron como testigosde las partes -tanto por el lado del trabajador, como del empleador- en juicios laborales, se generó a partir de este hecho, en tanto tuviera lugar "desde la fecha de ofrecimiento judicial de la prueba testimonial que los individualice,hasta un año despuésde producirse la declaración respectiva ante el juzgado o tribunal interviniente". No obstante, aclara el texto de la propuesta de Recalde, para que la presunción tenga operatividad,"el empleador debe haber sido notificado de tal circunstancia". Y agrega: "En el caso de que lacompañía resuelva concluir con el vínculo, en esas condiciones,deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245de la Ley de Contrato de Trabajo", es decir, la indemnización por despido sin justa causa. Por otra parte, el proyecto establece que la referidaprotección cesará para aquellos trabajadores cuya declaración no se hubiera producido, ya sea por decisión del juez, por desistimiento de la parte que lo ofreció o por negligencia en la producción de la prueba. ¿Qué tuvo en cuenta Recalde para "dar vida" a la iniciativa? El legislador explicó que, en caso de ser testigo en un juicio laboral,"el empleado se encuentra frente a una opción dilemática perversa". Por un lado, señaló, el dependiente podría tener que "declarar contra la empresay, en consecuencia,asumir el riesgo desufrir una represalia".

O bien, "si lo hacieraa favor de la firma, bajo promesa de mantenimiento de las condiciones laborales o del empleo mismo, podría verse en la situación de tener quefaltar a la verdad por ese motivo". "Los casos de despido dispuesto como `represalia´merecen el mayor reproche por parte de la legislación", agregó. Y remarcó que el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre finalización de la relación de trabajo,considera especialmente "graves" a los despidos adoptados como represaliao que violenten derechos fundamentales. "El proyectoresulta idóneo a fin de garantizar una protección mínima al empleadoque tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldasel riesgo de ser perjudicado por su empleadorcon motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial", destacó Recalde. ¿Qué cambiará para los empleadores si se sanciona el proyecto? Los expertos consultados poriProfesional.comcoincidieron en señalar que, de aprobarse la iniciativa, los empleadores "se verán en la obligación dedemostrar ante los tribunales que su decisión no se basó en el testimonio del empleado despedido", si quisieran evitar el pago de un resarcimiento agravado. Esta no es una tarea sencilla si se tiene en cuenta que existe una tendencia en la Justicia a emitir sentencias favorables a los reclamos de los dependientes. Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, advirtió, a modo de ejemplo, que tras la sanción del proyecto, "una empresa hasta se veríaimpedida de reorganizar un área o sector que cuente con personas que fueron testigosen un juicio laboral que tenga a la empleadora como parte". En tanto, Marcelo Aquino, socio de Baker & Mackenzie, indicó que el proyecto"puede provocar efectos no queridos"porque permitirá a los trabajadores que declararon en juicio"gozar de una estabilidad mejor que la del resto de los empleados". Carcavallo también resaltó que, "por los ya conocidos avatares judiciales -alta litigiosidad, problemas de infraestructura edilicia, mala gestión de los tribunales y de los sistemas informáticos, entre otros factores-el trámite de los pleitos se alargará", lo cual sumaráincertidumbrepara los empleadores. En este sentido, remarcó que, en la provincia de Buenos Aires,un juicio no tarda menos de tres años y medioy que, en la actualidad, corre un extenso lapso hasta que se designa la audiencia en la que deben prestar declaración los testigos. Interrogantes Si bien aún resta camino por recorrer hasta que el proyecto se convierta en ley, lo cierto es que, en medio de la polémica, los asesores de empresas ya se plantean algunos interrogantes. Al respecto, Carcavallo señaló que el texto generadudas en cuanto a "las modalidades y condiciones bajo las cuales se implementaría esta protección". "El cómputo de los tiempos en que corre dicha protección" resulta un importante interrogante, destacó el experto. Y disparó: ¿hay que considerardesde la fecha en que fue ofrecido el testigo o la fecha en la que prestó declaración testimonial, y de ahí en más computar el plazo residual de un año para establecer el cese del período de protección?. Por esta razón, concluyó que "es absolutamente inconveniente crear nuevas presunciones queotorgan estabilidad en situaciones que no se justifican, porque atentan contra las facultades de dirección y organización del empleador, cada vez más restringidas a causa de criterios legales y judiciales expansivos en materia de protecciones inconsistentes". Por último, Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, también cuestionó la iniciativa y sostuvo que "la creación de esta nueva presunción -que admite prueba en contrario- es un desacierto que sólo persigue consolidar un proceso deincremento de la litigiosidad laboral, el que no sólo atosiga el funcionamiento de los tribunales y la apropiada administración de Justicia, sino también, opera comoun desincentivo indirecto sobre la generación de empleo".

Fuente: iprofesional