El Gobierno analiza controlar los fondos de las obras sociales

El Ejecutivo analiza estatizar los aportes y contribuciones que hoy van directamente a los sindicatos. Se trata de unos $30.000 millones anuales

Publicado Jueves 25 de Agosto de 2011 en Contadores

Luego del aplastante triunfo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones primarias, el Gobierno evalúa impulsar un proyecto para reformar el actual sistema de obras sociales .

De esta manera, el Ejecutivo busca concentrar en el Estado la caja que actualmente está enmanos delos sindicatos ydebilitar el poder Confederación General del Trabajo(CGT).

La propuesta también se complementa con otra iniciativa que plantea reformar la ley de asociaciones profesionales, para asíampliar la participación de las minorías en los gremios.

De acuerdo a lo publicado por el matutino Clarín, también se encuentra en carpeta una reforma que directamente propone separar en forma tajanteel patrimonio de las obras sociales de los sindicatos.

Fuentes del Gobierno admitieron al matutinoque circula un borrador -elaborado por sectores juveniles vinculados al Ministerio de Economía- que, básicamente, plantea quelos aportes y contribuciones que hoy van a las obras sociales -unos $30.000 millones anuales - pasen al Estado.

Ante tal traspaso, se formaría un superorganismo oficial de salud quecontrate los servicios médicos, como actualmente hacen las obras sociales.

Bajo este esquema, las obras sociales que cuentan con clínicas y farmacias podrían ser contratadas por el ente oficialcomo cualquier otro prestador privado.

La medida apunta a reforzar las finanzas públicas y paraenfrentar los eventuales impactosde la crisis internacional, señala el matutino.

Complementariamente, el Gobiernodaría por cancelados los $6.000 millonesque adeuda a las obras sociales por el remanente del Fondo de Redistribución y que la CGTreclama de manerainsistente.

El proyecto generaría múltiples beneficios en el sistema de salud. En primer término, se suprimiría, en la mayoría de los casos, a un mero intermediario (los sindicatos)que se limita a recibir aportes y contratar profesionales y clínicas privadas, ya que muchas obras sociales no cuentan con infraestructura propia.

Al presentar la iniciativa se sostendría que las obras sociales están salpicadas por casos de corrupción que elnuevo esquema cortaría de raíz. Y que el sistema está tironeado por las empresas de medicina privada que se llevan los aportes de los empleados de mayores ingresos, puntualiza Clarín.

De implementarse el nuevo sistema, se debilitaríael poder económico y políticode los sindicatos de cara al nuevo mandato.

La medida sería comparable con la estatización los fondos de las AFJP. Pero esta vez se apuntaría al "poder sindical".

Fuente: iprofesional