El Gobierno presentará un amparo para frenar la construcción de la represa Ayuí

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, informó que el Gobierno nacional presentará un amparo ante la Corte Suprema para que se paralicen en forma inmediata las obras de construcción de la represa Ayuí Grande.

Publicado Domingo 5 de Septiembre de 2010

El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, presentará un recurso de amparo ante la Justicia para que se paralice en forma inmediata la construcción de una represa en el arroyo Ayuí Grande, según anunció ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el funcionario argumentó que la obra podría violar dos leyes nacionales y contrariar el Tratado del Río Uruguay, que la Argentina firmó con el país vecino. “La construcción de una represa y el inundar 8.000 hectáreas para la producción de arroz en la provincia de Corrientes puede tener un gravísimo impacto ambiental y compete al Gobierno nacional por ser un afluente del río Uruguay, fuente hídrica que regula un tratado internacional”, afirmó Fernández. La presentación del Gobierno nacional deberá ser tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se trata de una demanda originaria, es decir, de un Estado, esta vez el nacional, contra otro, el de la provincia de Corrientes, que fue el que autorizó la construcción de la represa. El jefe de Gabinete informó que el Gobierno nacional realizó tres pedidos de informes al de Corrientes para tener a su alcance los estudios de impacto ambiental que permitan determinar si la obra es contraria a las leyes 26.675, general del ambiente, y 26.331, de bosques nativos. El primero tiene fecha del 3 de septiembre de 2008 y fue hecho por la Secretaría de Medio Ambiente; el segundo fue realizado el 16 de febrero por el vicecanciller; y el tercero y último estuvo a cargo del canciller Héctor Timerman, con fecha del 18 de agosto. “La provincia omitió dar la participación al Estado nacional“, indicó el dirigente bonaerense. Consultado sobre la vinculación del vicepresidente de Clarín José Aranda en la construcción de la represa, el funcionario dijo: “Lo que sé, lo sé por chusmeríos, no por datos fehacientes. Así que no puedo decir nada al respecto”, sentenció Aníbal Fernández, quien agregó: “No me guío por conjeturas. Las dos razones son claras, una por un tema ambiental severo y otra por un posible problema internacional con el Uruguay”. Las empresas implicadas son Copra S.A., atribuida a Aranda, y Adecoagro, de George Soros. El gobierno correntino permitió el inicio de obras del Proyecto Productivo Ayuí Grande, a ambas márgenes del Arroyo Ayuí, que consiste en inundar 8.000 hectáreas de tierras, a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, como reservorio para el riego de unas 77.000 hectáreas de cultivo de arroz. El arroyo es afluente del río Miriñae, que a su vez desemboca en el río Uruguay. Fernández argumentó que sustentarán la presentación judicial “en dos puntos fundamentales: el primero, el daño ambiental irreversible y la pérdida de diversidad biológica que podría derivarse de la ejecución de una represa de las características de las que se pretende construir, o por lo menos de lo poco que conocemos que se pretende construir y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos a la Nación Argentina por el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, por todos conocidos, tan exhibido y tan discutido oportunamente con el conflicto con la República Oriental del Uruguay”. FUENTE: Buenos Aires Económico